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  • Se busca un milagro

    Se busca un milagro
    May 1 2026
    La búsqueda de recetas mágicas que transformen el país en algo nunca visto no cesa. Primero fueron las criptomonedas, ciudad y energía incluidas. Luego vino el régimen de excepción y ahora, conseguida la seguridad más segura del mundo mundial, llegó la apuesta por la inteligencia artificial de una de las multinacionales tecnológicas. La expectativa es la misma, que haga de la educación y la salud públicas algo inédito. La confianza en la tecnología es total. Los altos ejecutivos de las empresas tecnológicas son más confiables que los trabajadores estatales, volubles, indomeñables y poco confiables. Este juicio negativo tiene cierto fundamento. La inoperancia gubernamental es observable en prácticamente toda la vida nacional. Es común que las obras públicas comiencen acompañadas de despliegues publicitarios para quedar poco después interrumpidas, incluso abandonadas y olvidadas, o que, una vez concluidas, sean intervenidas de nuevo para corregir una ejecución deficiente. Una razón es la falta de financiamiento, pero otra muy común es la incompetencia de los funcionarios para formular y ejecutar las políticas gubernamentales. Aparentemente, la inteligencia artificial evitará estos inconvenientes. La apuesta por la inteligencia artificial es arriesgada. En cierto sentido, peca de ingenuidad. Indudablemente es una herramienta muy útil, pero solo en manos de quien sabe utilizarla. La inteligencia artificial no posee los superpoderes que parecen atribuirle sus comercializadores y sus clientes. La lista de países que restringen el acceso a las redes digitales a los menores, incluso a los adolescentes, se alarga. En Europa, en particular, los países nórdicos han regresado al libro impreso, al papel y al lápiz en el aula. La siniestralidad vial, en ascenso, evidencia los límites de la tecnología. La dirección del transporte terrestre permanece atascada en la convicción decimonónica que sostiene que legislar es gobernar y que endurecer las penas disuade al delincuente. Endureció las normas y elevó los montos de las multas para garantizar la seguridad vial, pero la siniestralidad no baja, sino aumenta. Introdujo la tecnología para acabar de blindar la conducción segura. Colocó cámaras y habló de foto-multas, de pantallas digitales y del control de velocidad, sin obtener los resultados esperados. Si no hay quién haga cumplir la ley e imponga el orden en las calles y carreteras, los conductores campean por sus respetos. Reemplazó la policía de tránsito por gestores, que también desaparecieron. El aumento del parque vehicular y la obsolescencia de una infraestructura inadecuada y mal gestionada reclaman la intervención humana. El DoctorSV es más de lo mismo. Busca aligerar la carga de la consulta externa de la red hospitalaria y ampliar la cobertura con la intervención de médicos anónimos en línea. Sin embargo, no existe ninguna evaluación científica que certifique que los diagnósticos del DoctorSV son confiables, que puede manejar acertadamente las enfermedades crónicas, que plantean situaciones críticas, y que, en efecto, mejorará los servicios de salud. Es decir, el DoctorSV es un experimento cuya eficacia no está debidamente comprobada. La cantidad de consultas que pueda manejar no es todo; el acierto en el diagnóstico y el tratamiento correspondiente son fundamentales. Adoptar el DoctorSV sin mayor verificación objetiva de su desempeño y sus riesgos es usar a la población salvadoreña como un laboratorio de experimentación, financiado con préstamos voluminosos. La fascinación con la tecnología ha colocado a la gente a disposición de los inventos de las tecnológicas sin mayores garantías. Promete mucho, pero los resultados son inciertos y los riesgos, grandes. No se trata de demonizar la telemedicina y la inteligencia artificial, sino de darles su justo lugar. Presentarlas como la respuesta a los graves problemas nacionales es un engaño. Una especie de huida hacia adelante. No está a su alcance resolverlos, pero crea la impresión de que el rumbo emprendido es correcto, que es todo lo que cuenta. En siete años, Bukele solo ha reconfigurado la institucionalidad del Estado para concentrar su poder. El nivel de vida de la mayoría no ha subido; al contrario, se deteriora, sujeto a los avatares de la improvisación y la inoperancia. En esos años, el ejercicio del poder absoluto solo se ha excedido en la seguridad, acompañada de violación de los derechos humanos, en la explotación de la comunicación digital y en la corrupción. Ninguna tecnología ni inteligencia artificial, por muy sofisticadas que sean, tiene capacidad para transformar el país tal como Bukele dice pretende. El único “milagro” constatable hasta ahora es el de las multinacionales tecnológicas, que han conseguido gratuitamente un laboratorio de seis millones de personas para experimentar y engrosar sus bases de datos con la información de la población salvadoreña...
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  • Crisis aguda de prestigio y credibilidad

    Crisis aguda de prestigio y credibilidad
    Apr 27 2026
    La crisis de los derechos humanos se ha agravado y ha adquirido nuevas dimensiones al incluir, inesperadamente, a la primera dama. La reacción de Bukele no se hizo esperar. Insiste en confundir derechos y justicia con terrorismo e inseguridad, un argumento inaceptable, excepto para sus fieles. En un esfuerzo desesperado por sostener una posición cada día más débil, clama, casi implora, ver el video que confirma su postura, ver con claridad, no dejarse engañar, fijarse bien, porque no lo dice él, sino la grabación, que no quede duda alguna. Estas expresiones, reunidas en las pocas líneas de una publicación en X, revelan inquietud e impaciencia ante una crisis que parece inmanejable. La indiscreción de uno de sus hermanos comprometió la imagen de su esposa, al asegurar que su despacho forma parte de la comisión ad hoc que decide la inocencia de los detenidos por el régimen de excepción y, por tanto, quién sale libre y quién no. Aunque no la implica directamente, es difícil que desconozca las actividades de sus colaboradores. La intempestiva imposición de la cadena perpetua a los menores de dieciocho años colocó a la primera dama, por otro lado, en una posición embarazosa. En diversos foros internacionales vinculados al sistema de la ONU, ella ha expuesto sus iniciativas a favor de la familia y los menores. El Movimiento para el Fomento de la Nutrición, patrocinado por dicha organización, la invitó a formar parte de su dirección en reconocimiento de su labor. Y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) participó activamente en la implementación de sus iniciativas más destacadas: “Nacer con cariño”, “Crecer juntos” y “Amor convertido en alimento”. Dado este historial, Amnistía Internacional recurrió a ella como “interlocutora clave” de su marido para que le pidiera revisar la legislación sobre la cadena perpetua de tal manera que garantice el derecho de los menores a la reintegración social. La organización se permite recordarle que imponer esa pena a los menores está reñido con las directrices internacionales sobre la justicia juvenil y, en particular, con los principios de la Unicef, uno de sus aliados estratégicos. Adicionalmente, le solicitó interceder por aquellas personas cuyos hogares fueron destruidos por las detenciones masivas y arbitrarias del régimen de excepción. Las madres que buscan a sus hijos e hijas piden saber dónde y cómo están. No cuestionan la necesidad de la seguridad; solicitan satisfacer una necesidad básica a la cual no pueden renunciar, porque la maternidad las une indisolublemente con sus hijos e hijas. Amnistía le sugiere a la primera dama abrir un espacio seguro para escucharlas. No es un debate sobre seguridad, sino atender las inquietudes de madres angustiadas por sus hijos, que no han sido condenados por ningún delito, y por las condiciones en que son procesados. La crisis ha colocado a la primera dama ante un dilema. Si decide no darse por aludida, se desprestigia, no tanto dentro del país como fuera. Difícilmente podrá comparecer de nuevo en los foros internacionales donde sus aportes sobre la familia y la niñez han sido aplaudidos. El descrédito no recaerá solo sobre ella, sino también, y sobre todo, en el régimen de su esposo. Un punto muy sensible, tal como muestran las andanadas en X contra la prensa y las organizaciones de derechos humanos, algunas de las cuales mantienen una relación estrecha con su propia esposa. Si aboga por los menores y las madres es probable que choque con su marido, para quien ceder a las peticiones de Amnistía Internacional es una claudicación inaceptable. Si su intercesión es rechazada, será evidente que su influencia es poca. La crisis de los derechos humanos alcanzó un nuevo nivel al llegar a una comisión del Congreso estadounidense, que tomó nota de la larga lista de violaciones y de presuntos crímenes de lesa humanidad. La reacción de Bukele desvela la impotencia de su régimen para contener la propagación de las denuncias y del desprestigio. A esto se suma que juzgar a 486 pandilleros en combo no ha sido recibido como una “genialidad” de la justicia nacional, sino como un hecho reprobable. Muy a su pesar se perfila cada vez más como un típico dictador latinoamericano de los siglos XIX y XX. No todo está perdido. El recurso a la intercesión de su esposa le ofrece una salida elegante. Las peticiones de Amnistía Internacional son fáciles de implementar si hay voluntad política. Aceptarlas en su nombre, una mujer consagrada a la familia y a los menores, realzaría su trabajo como primera dama y a él lo proyectaría como un gobernante magnánimo que sabe escuchar. Un gesto de esta naturaleza es más eficaz para empezar a contener el daño ocasionado por la crisis actual que la proliferación de publicaciones en X provocadoras e insultantes. Estas quizás alivien la presión, pero no convencen. Es claro que la aproximación actual solo ...
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    7 mins
  • Gracias, Madre Guadalupe

    Gracias, Madre Guadalupe
    Apr 21 2026
    De pequeña soñaba con ser maestra, pero solo pudo estudiar hasta segundo grado; la pobreza y la falta de oportunidades se lo negaron, como a muchas niñas de ese tiempo. La vida la llevaría a desempeñar otra tarea. Guadalupe Mejía nació el 26 de mayo de 1943 en el cantón La Ceiba, del municipio de Las Vueltas, Chalatenango. El mundo sufría la Segunda Guerra Mundial y El Salvador el apogeo de la dictadura militar. En este contexto conoció en su tierra natal a quien sería después el padre de sus nueve hijos, Justo Mejía, un muchacho pobre como ella y que hacía honor a su nombre. Era sencillo, buena gente y con gran sensibilidad social. Se desempeñó como catequista y celebraba la Palabra de Dios en aquellos tiempos en los que la Iglesia salió de los templos y la realidad entró en los conventos. Como hoy, en aquellos años decir la verdad era motivo de persecución. La fidelidad al Evangelio de Jesús hizo que Justo diera el salto a la lucha popular. Fue dirigente campesino, se organizó para pelear contra la injusticia y defender los derechos de los campesinos. Por ello le tocó andar itinerante, esquivando los constantes retenes en la zona donde vivían. El 9 de noviembre de 1977 lo capturaron, lo torturaron y lo asesinaron. Su cuerpo fue abandonado en un lugar cerca de Dulce Nombre de María. Guadalupe y tres de sus hijos fueron a recoger el cadáver. A ella siempre le dolió haber negado que él era familiar suyo cuando los guardias nacionales se lo preguntaron. Siempre sintió el amargo sabor de la negación, pero ella misma sabía que lo hizo para salvar la vida de su familia: si los guardias se hubieran enterado de que era la esposa del asesinado, ella y sus hijos habrían corrido la misma suerte que Justo. Este acontecimiento le cambió la vida: viuda a los 34 años y con nueve hijos que criar. Con ellos tuvo que dejar su casa y su cantón, y anduvieron deambulando por varios lugares en la lucha por alimentarlos y sacarlos adelante. En agosto de 1981, las fuerzas gubernamentales desaparecieron a su hermano, Gilberto Mejía, al que nunca pudo encontrar. La Madre Guadalupe, como se le conoció desde entonces, dedicó el resto de su vida a exigir justicia por el asesinato de su esposo Justo y a dar con el paradero de su hermano. Esa mujer sencilla que no pudo estudiar pero que daba cátedra con su vida, sacó fuerza de la debilidad. “La fuerza Dios se la da a uno, porque lo hace uno por buscar la justicia, no por hacer un daño”, dijo ella en una entrevista. El escritor salvadoreño Manlio Argueta reveló en 2014 que de una plática con Madre Guadalupe nació la inspiración para escribir Un día en la vida, que relata violaciones a los derechos humanos sufridas por campesinos salvadoreños a manos de las Fuerzas Armadas. Madre Guadalupe falleció el pasado jueves 16 de abril. Deja un gran legado. En 1981 fundó, junto a otras víctimas del conflicto armado, el Comité de Madres y Familiares de Personas Desaparecidas Marianela García Vilas (Codefam). Desde esa plataforma defendió incansablemente los derechos humanos, denunció las injusticias, intercedió por la liberación de presos políticos y acompañó a víctimas del conflicto con la ternura que solo otra víctima puede transmitir. Desde ahí se convirtió en una referente histórica de la lucha por la verdad, la justicia y el rescate de la memoria histórica. Fue una de las impulsoras del Monumento de la Memoria y la Verdad construido en el parque Cuscatlán, que recoge los nombres de miles de personas desaparecidas y asesinadas en el contexto del conflicto armado. En 2022, la UCA, a través del Idhuca, le otorgó el Premio de Derechos Humanos Segundo Montes. El dolor que tiñó la vida de la Madre Guadalupe la llevó a luchar por la plena vigencia de los derechos humanos, una tarea difícil y peligrosa en contextos como el nuestro. Madre Guadalupe murió a los 83 años sin encontrar justicia por el asesinato de su esposo Justo y sin haber localizado a su hermano desaparecido, Gilberto, al igual que muchas otras madres que siguen siendo víctimas de las injusticias cometidas durante el conflicto armado. Gracias, Madre Guadalupe, por su testimonio, porque su sola presencia clamaba justicia desde la verdad inapelable de quien ha sufrido. Que su ejemplo nos iluminé para denunciar el mal, a pesar de las adversidades. * Omar Serrano, de la Vicerrectoría de Proyección Social.
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  • Cadena perpetua, perpetuidad de la excepción

    Cadena perpetua, perpetuidad de la excepción
    Apr 20 2026
    Primero fue la airada desacreditación de los autores del informe sobre el crítico estado de los derechos humanos en el país. Después vino una especie de venganza con mucho de rabieta. Los legisladores por “instrucciones precisas” de Bukele modificaron la Constitución para introducir la cadena perpetua para los homicidas, los violadores y los terroristas, incluso los menores de edad. En teoría, la pena no es aplicable a las decenas de miles de detenidos, sino solo a quienes cometan tales crímenes una vez aprobada la reforma. En la práctica, el discurso oficial apunta a que la aplicará retroactivamente. Alega que dicha pena, extremadamente dura y cruel, es necesaria para garantizar “la irreversibilidad” de la seguridad, al impedir que los detenidos puedan recuperar la libertad. El régimen les niega el derecho de apelación y asume infundadamente que dicha legislación es irreformable. La cadena perpetua es la respuesta a la recomendación del equipo de juristas internacionales que solicitó revisar el expediente de cada uno de los detenidos para verificar la solidez de la acusación y en caso no encontrar fundamentos válidos, ponerlos inmediatamente en libertad. Al neutralizar uno de los componentes básicos del régimen de excepción, este pierde su razón de ser. Las propuestas no fueron bien recibidas por la cúpula gobernante, que reaccionó impulsivamente, sin considerar las implicaciones para el futuro. Aplicar retroactivamente la cadena perpetua, negar el derecho de apelación y desconocer la presunción de inocencia está reñido con la justicia y coloca al régimen al margen de los grandes consensos internacionales. Una indiscreción en las redes digitales confirma la extensión de la arbitrariedad. Según la fuente, el fiscal, el despacho de la primera dama y el sistema penitenciario deciden la inocencia de los detenidos y, por tanto, quién queda en libertad y quién permanece tras las rejas. Otra torpeza del régimen de excepción es haber exhibido como un logro de su plan de reinserción, que emplea a la fuerza de trabajo encarcelada en las obras públicas, a un condenado por violación que ni siquiera ha cumplido con la mitad de la pena. Revestir al régimen de excepción de una naturaleza inmutable es quimérico. De hecho, ya ha sido modificado en varias ocasiones para responder a situaciones no previstas. Pretender que la legislación que le da vida sea insuperable y eterna es un acto de soberbia similar al de los constructores de la torre de Babel. Cuando estaban a punto de tocar el cielo, Dios los confundió y los dispersó. El modelo de Bukele lucha contra el tiempo y no lleva las de ganar. La implantación de la cadena perpetua para blindar de forma inexpugnable al régimen de excepción forma parte del esfuerzo para perpetuarse en el poder por períodos sin término. Pero toda obra humana es perfectible, por tanto, modificable y, en este sentido, transitoria como la realidad misma. Ningún poderoso es eterno ni puede asumir que su sucesor será un duplicado. Los reemplazos son inevitables y con ellos llegan nuevas maneras de aproximarse a la realidad. La cadena perpetua no impedirá que, en un determinado momento, el legislador de turno la olvide o la suprima y, con ella, caiga también el régimen de excepción. Más aún si viola sistemáticamente la dignidad humana y sus derechos civiles, constitucionales e internacionales. Desconocer la competencia de los organismos internacionales en cuestiones tan cruciales como la dignidad humana e impugnar sus informes críticos con argumentos de autoridad es una simpleza que no desautoriza los señalamientos. En cierto sentido, es un relato contra otro. Pero el gubernamental está en desventaja. Recurre a la autoridad derivada del poder absoluto porque no puede enfrentar la realidad. Diversos formatos de comunicación social han retomado, reproducido y multiplicado dichos informes. Algunos han sacado a la luz nuevos hallazgos. La credibilidad que la opinión pública internacional ha otorgado a las denuncias, pese a los alegatos gubernamentales, ha colocado a la familia gobernante en una posición muy incómoda. La crudeza de lenguaje gubernamental para descalificar a sus críticos es cada vez menos convincente. El relato de la seguridad y, en general, del modelo de Bukele atraviesan una tormenta de credibilidad y, a mediano plazo, de viabilidad. Acusan un desgaste que debiera hacer reflexionar a su dirección. Proclamarse libre de los organismos defensores de los derechos humanos es girar en un círculo viciado. Sin embargo, puede romper con él si se hace cargo de los desafíos del presente. Permanecer anclado en la comodidad del pasado es condenarse a languidecer y, en definitiva, a desaparecer en la irrelevancia. Si la familia gobernante no reacciona, corre el riesgo de encontrarse aislada y repudiada. Una situación difícil de sobrellevar para quienes están excesivamente satisfechos consigo mismos. Recuperar la ...
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  • Asocios públicos privados ¿para beneficio de quién?

    Asocios públicos privados ¿para beneficio de quién?
    Apr 16 2026
    El 8 de abril pasado, el gobierno presentó una nueva ley de alianzas público privadas para ser aprobada por la Asamblea Legislativa. Este tipo de asocios no son nuevos; desde los años ochenta del siglo pasado y especialmente desde la década de los noventa, los asocios público privados se erigieron como una alternativa para algunos países. Cuando un gobierno licita una obra, la empresa que lo gana asume todos los riesgos de la ejecución de la obra a cambio del pago pactado con el gobierno. En los asocios público privados, los gobiernos que no tienen suficiente dinero para invertir o no quieren hacerlo, entregan la obra o servicio a una empresa privada para que sea ejecutada por ella utilizando su dinero y luego la empresa cobra a la población por los servicios prestados. En estos casos, los riesgos son compartidos, por el Estado y las empresas. En palabras sencillas, los asocios permiten que las empresas privadas usen los bienes públicos y brinde servicios a la gente cobrando el precio o tarifa que les deje ganancias. En América Latina, el Chile de Pinochet fue pionero en estos asocios y en El Salvador ya se implementaron en los casos, por ejemplo, de Nejapa Power, LaGeo, Mides y más recientemente en los aeropuertos. El Salvador ya tiene una ley de asocios público privados que prohíbe aplicarlos a los servicios de salud, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, de educación, de la Universidad de El Salvador y de los recursos hídricos. ¿Por qué? Para no permitir que derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la salud, la educación y el agua terminen administrándose con fines de lucro. Sin embargo, la propuesta de ley del actual gobierno elimina esa prohibición y abre las puertas para que empresas privadas puedan prestar servicios de salud, educación y recursos hídricos. El discurso siempre es el mismo de antes, con los asocios público privados mejorarán los servicios, habrá crecimiento económico y más desarrollo para toda la población. Pero la realidad muchas veces contradice este discurso. En países en los que se implementan estas medidas como parte de políticas neoliberales, como es el caso salvadoreño, los asocios público-privados se transforman en una forma de privatización de los servicios. Se anuncian como la gran solución a los deficientes servicios que ofrece el Estado, pero estos proyectos traen consigo la violación de derechos humanos de la población, especialmente los de los sectores más vulnerables. La ley de privatización de los fondos de pensiones se presentó como la panacea para mejorar las pensiones y ha sido lo contrario. La última reforma de 2022 fue publicitada como que con ella se saldaba una deuda histórica con los trabajadores, pero el resultado es que la mayoría de pensionados recibe montos que los orillan a la pobreza y la reforma solo benefició al gobierno y a las AFP. Para colmo más del 80% de los ahorros de los trabajadores para su futura pensión han sido tomados en préstamo por los gobiernos y desde 2023 no honran esa deuda ni pagan intereses. Los asocios público privados, en el mejor de los casos, son una herramienta, no la solución en sí misma. En países como el nuestro los asocios públicos privados sirven para dos cosas: Para descargar al Estado de su compromiso con la satisfacción de derechos de la población y para beneficiar a grupos económicos que intervienen en ellos. Además, un asocio público privado evade la licitación y se le asigna a una empresa que constituye una especie de monopolio y no tiene que cumplir con la ley de compras y adquisiciones que obliga a las instituciones públicas. Según el proyecto de ley presentado, el Estado mantendrá la propiedad de los bienes públicos, pero se los entrega a la empresa privada hasta por 50 años, para que los mejore, los utilice y obtenga ganancias. Es la esencia del modelo neoliberal cuyo objetivo es favorecer a las grandes empresas y posesionarse de los servicios públicos que puedan generar ganancia. Según estudios, la primera víctima de comercializar los servicios de salud es la prevención. Un reportaje de los asocios público privados en Estados Unidos, para muchos el país modelo de la sanidad privada, reveló que los altos costos de los exámenes médicos, hacen que suban de precio los seguros de salud, excluyendo a parte de la población que no alcanza a pagarlos. Se estima que hasta 40 millones de estadounidenses no tienen asistencia sanitaria por no ser tan pobres como para beneficiarse de los programas sociales del gobierno, pero tampoco tan ricos como para pagar el seguro médico. El Centro Canadiense de Alternativas Políticas, determinó en un estudio que, de los 25 miembros de la OCDE, los países con mayores niveles de privatización de la atención médica con fines de lucro tienen mayores niveles de mortalidad. La principal conclusión es clara: existe un vínculo evidente entre una mayor privatización de las ...
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  • Un informe irritante

    Un informe irritante
    Apr 13 2026
    El oficialismo perdió la compostura con el informe sobre el régimen de excepción elaborado por cinco juristas internacionales y presentado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La conclusión de los expertos es contundente: bajo el régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad. El señalamiento puede sentar a los responsables en el banquillo de los acusados de la Corte Penal Internacional, por donde ya han pasado varios connotados dictadores. El régimen perdió los nervios no tanto por esta posibilidad como por el eco que el informe tuvo en la prensa internacional, el cual deja en evidencia que su relato no convence fuera de las fronteras nacionales. El informe de 275 páginas documenta 540 desapariciones y la muerte de 403 detenidos. Comprueba documental y testimonialmente la persecución extrajudicial, la criminalización de inocentes, la acción punitiva no penal, la tortura y el asesinato. Todas ellas, violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de los derechos humanos, que pueden constituir delitos de lesa humanidad. A estos señalamientos se agrega el del periódico español El País, el cual afirma que más de 33 mil detenidos por el régimen de excepción no son considerados pandilleros; es decir, más de la tercera parte de los encarcelados son inocentes. Estos guardarían prisión no por ser culpables, sino que serían culpables por haber sido detenidos. La reacción de la prensa internacional revela la inutilidad de los cabilderos, los troles y las giras internacionales de los altos funcionarios. Más importante que la pérdida de los estribos del oficialismo es el reconocimiento implícito de la veracidad de las acusaciones. En efecto, ningún funcionario cuestiona la veracidad del informe, sino la integridad de sus autores y el alcance de sus conclusiones. Asesinar al mensajero de malas noticias es una reacción muy antigua. El oficialismo asume que si el mensajero carece de integridad, su mensaje no es veraz. En este caso, le echa en cara no haber denunciado el genocidio de las pandillas, lo cual no es cierto. Y aunque lo fuera, el régimen de excepción es señalado por otro genocidio. Esta línea de defensa es desatinada. Si las organizaciones de derechos humanos no denunciaron el genocidio de los pandilleros, Bukele negoció con estos genocidas desde el comienzo de su carrera política. Les dio dólares en abundancia, “trato especial” en las cárceles de “máxima seguridad”, incluso puso en libertad a más de alguno de sus líderes. Luego, desairado por sus socios genocidas, enmendó el extravío implantando el régimen de excepción como árbitro del derecho y de la justicia. Si acaso las organizaciones de derechos humanos pecaron por omisión, el modelo de Bukele peca por comisión. Si esas organizaciones son “bufetes legales de los delincuentes”, Bukele legitimó, protegió y fortaleció a esos delincuentes hasta que lo traicionaron. La otra línea de defensa es tan grotesca como la anterior. Bukele intenta desautorizar los hallazgos de los juristas extrapolando sus recomendaciones. Estas no solicitan liberar indiscriminadamente a todos los detenidos por el régimen de excepción, ni mucho menos poner en libertad a los pandilleros. Tampoco defienden asesinos, violadores y terroristas. Por tanto, no promueven el asesinato de inocentes. Más bien, el informe recomienda establecer una comisión con respaldo internacional que la haga creíble para revisar el expediente de cada uno de los detenidos y liberar a los encarcelados sin pruebas, siempre y cuando no representen un riesgo para la sociedad, y garantizar el debido proceso a quienes permanezcan presos. No pretende, pues, engañar a nadie para debilitar el apoyo popular al régimen de excepción y “perpetuar el sufrimiento de la gente honrada”, sino hacer justicia, lo cual no está reñido con el respeto de los derechos humanos y la seguridad. Más aún, el informe afirma “el deber ineludible” de combatir la violencia y garantizar la seguridad ciudadana, al mismo tiempo que advierte que esa responsabilidad no puede ejercerse perpetrando crímenes internacionales. Los juristas son claros en su diagnóstico y sus conclusiones. Retorcer sus recomendaciones para reforzar el miedo a las pandillas y mantener el elevado grado de aceptación del régimen de excepción es deshonesto. En realidad, la seguridad ciudadana no interesa tanto como preservar ese nivel de popularidad, vinculado casi exclusivamente a dicho régimen. Bukele no sabría gobernar sin él. De ahí la prórroga indefinida de la excepción. Esta forma de gobernar choca frontalmente con los juristas internacionales que recomiendan poner fin al régimen de excepción. Estos proponen otra posibilidad: cuidar de la seguridad ciudadana sin cometer crímenes de lesa humanidad. El oficialismo reaccionó interpretando maquiavélicamente sus recomendaciones haciéndolas decir lo que no dicen. El régimen se...
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    6 mins
  • Desde la evidencia científica

    Desde la evidencia científica
    Apr 7 2026
    En cuestión de días la Asamblea Legislativa reformó y ratificó un paquete de reformas penales que incluye la prisión perpetua a menores de edad que se encuentren culpables de delitos de terrorismo, violación y homicidio. La medida se aprobó con 58 de 60 votos y algunos ediles lo celebraron como un triunfo. La justificación más repetida es que la cadena perpetua constituye un disuasivo para los delincuentes. Condenas más largas se traduce en menos violencia, piensan. La misma justificación se da con la pena de muerte. Pero los legisladores y funcionarios actúan dando por sentado que es así, sin un análisis serio de la investigación existente ni considerando alternativas menos arriesgadas. Desde la experiencia histórica los diputados no tienen nada que celebrar. La primera objeción a la medida es que décadas de investigación no han logrado encontrar evidencia científica que confirme que el uso de la cadena perpetua tenga un impacto en las tasas de homicidios. La evidencia encontrada ha sido más bien mixta y a menudo concluye que la cadena perpetua no es más disuasiva que las penas largas de prisión. La conclusión es clara: la prisión perpetua no funciona bajo el principio de prevención, sino de incapacitación. Se incapacita a la misma persona para que no vuelva a delinquir, pero no disuade a otros de hacerlo. La cadena perpetua no trabaja en el origen del delito sino en su consecuencia. La segunda objeción a la medida es que El Salvador ya contempla condenas de hasta 100 o más años. Recientemente se condenó a 50 pandilleros a entre 400 y 1,135 años de prisión por su participación en varios homicidios y desapariciones forzosas y en otro caso, a 62 pandilleros un Juzgado Especializado les impuso 130 años de cárcel por su participación en delitos en las colonias La Campanera y El Pepeto de Soyapango. En realidad, esas condenas son en la práctica cadenas perpetuas y, a juicio de especialistas, la cadena perpetua es una pena de muerte disfrazada. Y una tercera objeción viene desde la doctrina de los derechos humanos. La cadena perpetua despoja a la persona de la esperanza de reintegración en la sociedad. La cadena perpetua como la pena de muerte entran con conflicto con los estándares internacionales de derechos humanos de los cuales El Salvador fue firmante de manera voluntaria y que por tanto está obligado a cumplir. Entonces, si no está comprobado que la cadena perpetua sirva como disuasivo, si en El Salvador ya se aplican de facto cadenas perpetuas y si contradice el respeto a los derechos humanos, ¿vale la pena asumir los costos excesivos que implica, los riesgos de cometer errores al imponerla y otros problemas inherentes a su práctica? ¿Por qué aprobarla en El Salvador? La cadena perpetua en el caso salvadoreño es parte del deterioro que vive el sistema de justicia. En el imaginario popular, detrás de la cadena perpetua está el pensamiento “a más años de cárcel, menos delincuentes habrán” originado por la impunidad que se percibe. El endurecimiento de penas es una acción propia de regímenes populistas punitivos que se realizan sin conocimiento de los efectos de esta pena y que no tiene función preventiva. En el país, además, está el agravante de los juicios masivos donde los imputados no tiene derecho a la defensa ni al debido proceso. Es una medida para aparentar firmeza contra los miembros de pandillas, aunque la terminen aplicando a cualquier persona que les incomode como sucede con el Régimen de Excepción. A propósito de que en estos días recordamos el juicio injusto a Jesús de Nazareth que terminó con su condena a muerte, conviene tener presente que la cadena perpetua es una medida de alto impacto, como le gusta a la administración actual, pero de eficacia muy limitada. Es una decisión exprés que no tiene fundamentos criminológicos válidos.
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    6 mins
  • Política y religión

    Política y religión
    Mar 27 2026
    Se suele decir que la historia se repite. La similitud entre los tiempos de Mons. Romero y los actuales parecieran confirmarlo. Entre otras cosas, lo acusaron de meterse en política por denunciar la injusticia y la violencia institucional. Hoy, el oficialismo se ensaña otra vez por la misma razón con el párroco de Apopa, quien alzó su voz para denunciar la ausencia de democracia y de paz, y por afirmar que el país “va para atrás”. Los insultos contra Mons. Romero subieron de tono progresivamente, mientras el odio se enconaba hasta que ya no pudo más y lo asesinó el 24 de marzo de 1980. Hoy, el oficialismo descalifica al párroco de Apopa en términos parecidos. Casi medio siglo después le ordenó no meterse en política y dedicarse a decir misas. Según la lógica oficialista, si el párroco y el pastor bendicen el poder político y económico son fieles a su misión, aun cuando esa bendición es un acto eminentemente político al legitimarlo sin cuestionar su modo de proceder. En este caso, su acción no es política, porque no les corresponde señalar su pecado y llamarlo a la conversión. Si lo hacen como Mons. Romero o el párroco de Apopa, se meten en política, lo cual no les está permitido. Su misión es congeniar con el pecado. Las dos acciones son igualmente políticas. Pero la dificultad no es la política en sí misma, sino al servicio de quién está. Si sirve al orden establecido, la intervención de los ministros es aprobada, aplaudida y recompensada generosamente por el poder. Aquellos que bendicen el régimen de excepción o se desentienden de sus atropellos y violencias son pastores ejemplares. Pero si asumen la defensa del pueblo pobre y violentado son insultados y despreciados, condenados y perseguidos. Jesús ya previno a sus seguidores al final de las bienaventuranzas que esto les sobrevendría por su fidelidad a la justicia del Reino de los Cielos. El poder se empeña en confinar la religión al ámbito de la conciencia y la sacristía, para campar a sus anchas, sin reclamos, restricciones ni normas. La misión de los ministros es predicar respeto y obediencia a su autoridad. Si defienden el derecho y la justicia, traicionan su misión al meterse en política. A pesar de las coincidencias, la historia no se repite. La historia es un proceso abierto, que no regresa al pasado sino avanza hacia el futuro. Sin embargo, el proceso deja estructuras que si no son modificadas en el presente, se convierten en futuro. La época de Mons. Romero y la actual son similares, porque el poder se ha negado a intervenir en las estructuras heredadas para transformarlas. El modelo de Bukele, que alega crear una tierra nueva, ha aceptado pasivamente ese legado de sus predecesores, porque conviene a sus aspiraciones. La pobreza y la desigualdad, la injusticia y la violencia no han desaparecido, dado que la estructura que las genera permanece intacta. Indudablemente, esta ha evolucionado para adaptarse a las circunstancias y ha adquirido formas nuevas, pero que matan igual. Rápidamente, por las diversas modalidades de la violencia. Lentamente, por el hambre, la enfermedad y el abandono. El mal es tan hábil como perverso. Se reinventa de la mano del poder. Denunciarlo y anunciar proféticamente la justicia del reino de Dios es abominable y perseguido. Ese fue el destino de los profetas del Antiguo Testamento. No es casualidad que el imperio haya acusado y condenado a Jesús por declararse rey de los judíos. La acusación pende en la parte superior de la cruz como razón del asesinato del crucificado. A pesar de que el Estado es constitucionalmente laico y, sobre todo, que sus funcionarios no son un ejemplo de honestidad, el modelo de Bukele no se cansa de apelar a Dios. Su profesión de fe ha encontrado eco en amplios sectores cristianos. Por eso, las voces disonantes son tan irritantes. El poder se revuelve contra ellas como ya lo hizo con Mons. Romero y la multitud de mártires de la Iglesia salvadoreña. El poder necesita lo sagrado para justificarse. El ejercicio del poder crudo y duro es intolerable. En la voluntad divina encuentra la legitimidad necesaria para imponerse de manera totalitaria. El cuadro de Mons. Romero que preside uno de los salones de Casa Presidencial cumple esa función. Bukele se sienta debajo de él como si estuviera bajo su protección. Aunque sabe bien que si el arzobispo viviera, habría denunciado sus injusticias y habría exigido respetar los derechos humanos, no lo baja. La imagen de Mons. Romero es demasiado poderosa como para descartarla. Desde esa posición privilegiada, Mons. Romero es testigo de los desafueros del régimen y es también una invitación a hacer política de la buena, la del bien común, respetuosa de la dignidad humana de todo el pueblo salvadoreño, por el hecho de ser personas, hijas e hijos de Dios. * Rodolfo Cardenal, director del Centro Monseñor Romero.
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