¿Puede un juez seguir investigando cuando el único que puede acusar dice que no hay delito?

Una sociedad de publicidad digital pasó de girar unos USD 110.000 al exterior en un año a más de USD 7.000.000 en el siguiente. Casi todas sus ventas eran a clientes con inconsistencias. AFIP denunció lavado de activos agravado. Y sin embargo, el fiscal pidió el sobreseimiento y el juez lo dictó.

En este episodio te cuento por qué la sospecha no alcanzó para cruzar el puente entre una operatoria anómala y un origen ilícito de los fondos, por qué sin acusador no hay proceso, y cuál es mi opinión sobre hasta dónde debe intervenir un juez cuando el fiscal decide no acusar.

Un episodio para quienes trabajan en compliance, defensa penal económica y prevención de lavado.

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Mismo viaje, mismas dos personas, dos objetos no declarados... y dos resultados jurídicos opuestos.Dos pasajeros intentaron viajar a Israel con cuatro cadenas de oro sin declarar, disimuladas bajo un baño de otro metal. También llevaban dólares y shekels sin declarar. La Justicia los procesó por el oro. Por el dinero, no.

En este episodio te cuento por qué la Cámara distinguió un caso del otro: qué significa "ocultamiento" en el delito de contrabando, por qué guardar dinero con cuidado no es lo mismo que esconderlo, y por qué el propio baño metálico de las cadenas fue suficiente para tener por acreditado el dolo.

Un caso clave para entender los límites del contrabando y qué pasa cuando cruzás la frontera con metales preciosos o divisas.

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Una sociedad sacó más de USD 5.900.000 del país disfrazando las operaciones como pagos de fletes de importación que nunca existieron. El presidente juraba no haber intervenido nunca. El apoderado decía ser un simple empleado que cumplía órdenes, sin beneficio propio.

La Cámara los condenó a los dos, construyendo el concepto de codominio funcional: cada uno aportó una pieza indispensable del mismo mecanismo, aunque ninguno haya hecho "todo" el trabajo.

En este episodio te cuento cómo se prueba la responsabilidad penal cuando el control está repartido entre dos personas, y por qué ni la ajenidad formal ni la subordinación alcanzan como defensa cuando el contexto probatorio dice otra cosa.

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